La reforma de las prestaciones por desempleo, estancada en el Congreso a principios de este año por el decisivo voto en contra de Podemos, retoma su curso con un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, pero sin la participación de la patronal. El acuerdo, que firmará este mediodía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a Pepe Álvarez, de UGT, y Unai Sordo, de CC.OO., supone un hito significativo.
La reunión del lunes con los agentes sociales resultó fundamental, ya que el Ministerio de Trabajo presentó propuestas actualizadas y abordó inquietudes, en particular el restablecimiento de los pagos excesivos para las personas de 52 años o más, un tema polémico que llevó a la oposición de Podemos.
El éxito de esta reforma es crucial para acceder a la totalidad del cuarto tramo de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros. La Comisión Europea concedió una prórroga para la evaluación hasta el 20 de mayo, con el pago total o parcial supeditado al cumplimiento de todos los hitos, incluida esta reforma.
Protecciones adicionales para los trabajadores de 52 años o más complementan las medidas existentes, incluida la compatibilidad de la prestación por desempleo con el salario hasta por 180 días y con la prestación contributiva por desempleo después de un año. La reforma amplía los criterios de elegibilidad y ajusta los importes de las prestaciones, aumentando de 480 a 570 euros durante los primeros seis meses y luego reduciéndose gradualmente. Además, la elegibilidad se extiende a grupos como los menores de 45 años sin responsabilidades familiares y los trabajadores agrícolas ocasionales.