La grave crisis de vivienda en España y los altos precios de alquiler están poniendo presión sobre el gobierno de coalición minoritaria del primer ministro socialista Pedro Sánchez, ya que las medidas adoptadas hasta ahora han dado pocos resultados, mientras la frustración crece entre los ciudadanos agobiados.
Miles de personas se manifestaron el domingo en Madrid para exigir más viviendas asequibles en medio de la creciente ira de los españoles que sienten que los precios del mercado los excluyen.
Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”, los residentes marcharon en la capital española para pedir precios de alquiler más bajos y mejores condiciones de vida.
El gobierno español reportó que 12,000 personas salieron a las calles. Sin embargo, los organizadores afirmaron que 22,000 manifestantes llenaron el centro de Madrid para expresar su enojo ante el aumento de costos y la escasez de nuevas viviendas, además de amenazar a los propietarios con una huelga de alquiler. Otras ciudades, como Barcelona y Valencia, también enfrentan amenazas similares de huelgas de inquilinos.
“Si un inquilino deja de pagar, el problema es de ellos. Pero si diez mil inquilinos acuerdan no pagar, el problema es de los propietarios y de los gobiernos que los apoyan. Eso es lo que implica la Huelga de Alquiler a la que nos dirigimos”, escribió el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en X (Twitter).
La vivienda ha sido un rompecabezas sin solución para los gobiernos sucesivos en España, que aún arrastra las cicatrices de la crisis del mercado inmobiliario de 2008, que acompañó a la recesión global.
Según la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio del alquiler por metro cuadrado ha aumentado un 82% en los últimos diez años.
Este incremento ha superado con creces el aumento del salario medio, que solo ha crecido un 17% en el mismo periodo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, lo que convierte la búsqueda de vivienda en una misión imposible para los hogares de bajos ingresos.
A este problema se suma la escasez de vivienda social, que solo representa el 2.5% del total de la oferta, en comparación con un promedio del 9.3% en la UE.
La crisis ha afectado al gobierno de Sánchez, que se enorgullece de defender a las clases trabajadoras, mientras las tensiones aumentan con sus aliados de izquierda en el parlamento y los ciudadanos exasperados se vuelven cada vez más impacientes.
“Los alquileres nos están ahogando y nadie hace nada”, afirmó el sindicato nacional de inquilinos.
“La mayoría de la sociedad ha estado pagando por la crisis de vivienda durante demasiado tiempo, mientras que una minoría se enriquece a costa de su trabajo.”
El sindicato CCOO declaró que el acceso a la vivienda se ha convertido en una “fantasía para grandes sectores de la sociedad” y pidió al estado que consagrara el derecho a “una vivienda digna y adecuada” en la constitución.
El gobierno presentó una ley histórica en mayo del año pasado que planea aumentar la vivienda social, limitar los alquileres en las áreas con mayor presión del mercado y establecer sanciones para los propietarios que dejen sus propiedades vacías.
Sin embargo, hasta ahora la legislación no ha logrado frenar los desmesurados aumentos de alquiler, que alcanzaron el 10.2% interanual entre julio y septiembre, con picos del 15% en grandes ciudades como Madrid y Valencia.
El Banco de España estima que se necesitan 600,000 nuevas viviendas para finales de 2025 para satisfacer las necesidades de la población, pero calcula que se construyen menos de 100,000 cada año.
La ley también ha generado un enfrentamiento entre Madrid y algunos gobiernos regionales responsables de su implementación.
Sánchez defendió el desempeño de su gobierno el lunes, afirmando que ha aumentado en ocho veces los recursos destinados a la vivienda desde que asumió el cargo en 2018, pero admitió que “no hay varitas mágicas” para resolver el “difícil” problema.
Afirmó que la vivienda será la “prioridad absoluta” de su gobierno y que quiere evitar “una España con propietarios ricos y inquilinos pobres”, anunciando un paquete de vivienda de 200 millones de euros para los jóvenes.
Recientemente, el gobierno anunció el fin de los llamados “visados dorados” que otorgaban permisos de residencia a extranjeros que invertían en bienes raíces, acusados por los críticos de fomentar la especulación en las grandes ciudades.