Una semana después de que las inundaciones relámpago golpearan el este de España, aumentan las recriminaciones sobre quién es responsable del peor desastre natural en la memoria reciente del país. Las escenas de unidad inicial entre partidos han dado paso a disputas sobre qué instituciones tenían la jurisdicción en las áreas afectadas, donde al menos 218 personas perdieron la vida.
Después de las inundaciones, el líder regional de Valencia, Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), recibió al primer ministro socialista Pedro Sánchez y agradeció el apoyo de su gobierno, algo inusual en el contexto político polarizado de España. Mazón incluso llamó a Sánchez “querido primer ministro”.
Sin embargo, Mazón ha sido criticado por demorar unas 12 horas en responder a una advertencia roja emitida por la agencia meteorológica nacional (Aemet) el 29 de octubre y en enviar una alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos, cuando la inundación ya había causado graves daños.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, cuestionó la información proporcionada por Aemet, que está bajo la supervisión del gobierno central, y se quejó de la falta de coordinación entre la administración del primer ministro y el gobierno regional.
En los días posteriores, aumentó la presión sobre Mazón, con comentarios y adversarios políticos pidiendo su renuncia, tanto por su respuesta durante el desastre como por haber eliminado la Unidad de Emergencia de Valencia (UVE) al asumir el cargo el año pasado. En respuesta, Mazón ha adoptado una postura más confrontativa, similar a la de su partido.
Entre sus acciones, Mazón culpó a la agencia hidrográfica CHJ, controlada por Madrid, alegando que activó y luego desactivó una alerta el día de la inundación. Según Mazón, si la CHJ hubiera reactivado la alerta, el gobierno regional habría enviado el mensaje de alarma de inmediato.
La CHJ aclaró que su función es proporcionar datos sobre lluvias, pero no emite alertas de este tipo.
Ahora, quince mil tropas, guardias civiles y policías están en la región de Valencia, el doble de efectivos que el fin de semana anterior. Mazón ha rechazado las acusaciones de que su gobierno no solicitó suficiente apoyo militar, afirmando que es el ejército quien toma esas decisiones.
Javier Marcos, jefe de la unidad militar de emergencias (UME), respondió que el protocolo requiere que el gobierno regional solicite ese tipo de apoyo. “Puedo tener mil hombres a la puerta de emergencia, pero no puedo entrar sin la autorización del responsable de emergencias”, dijo Marcos, refiriéndose al líder de Valencia.
Los comentarios de Mazón sobre el ejército aparentemente enfurecieron a la ministra de defensa, Margarita Robles, quien expresó su molestia en una reunión de crisis con el rey Felipe y otros ministros.
La situación política se ha complicado aún más con la solicitud de Núñez Feijóo al primer ministro para declarar el estado de emergencia nacional, lo que centralizaría la gestión de la crisis en Madrid, quitando competencias al gobierno regional de Valencia. Esta medida, respaldada por el líder del partido Vox, Santiago Abascal, fue rechazada por el gobierno.
Abascal acusó a Sánchez de no activar todos los recursos del estado cuando “se podrían haber salvado vidas”, denunciando la “malicia e incompetencia” del gobierno.
El domingo, el rey, Sánchez y Mazón fueron blanco de la ira pública en la localidad valenciana de Paiporta, la más afectada por las inundaciones, donde los residentes arrojaron lodo y los llamaron “asesinos”.
Mientras la situación se volvía cada vez más tensa, la seguridad del primer ministro lo llevó rápidamente a su vehículo. Mazón se mantuvo cerca del rey y de la reina Letizia, quienes intentaron tranquilizar a algunos vecinos asegurándoles que se están tomando medidas para ayudar.
Aunque la visita ha sido ampliamente cuestionada, Mazón ha presentado una propuesta de 31.4 mil millones de euros para la reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones, financiada por el gobierno central.
Sánchez, por su parte, anunció un paquete de ayuda inicial de 10.6 mil millones de euros. “Lo que los españoles quieren es ver a sus instituciones, no peleando entre ellas, sino trabajando hombro a hombro”, dijo al anunciar el paquete.