Lesly Ochoa, de 28 años, salió del juzgado cantando Lucha de gigantes, de Antonio Vega, frente a los micrófonos de los medios.

Tercera vez con éxito

Lesly Ochoa, una joven mexicana de 28 años, finalmente pudo declarar este jueves en el juzgado de instrucción número 19 de Plaza de Castilla, tras dos intentos fallidos anteriores: el primero debido a un ataque de ansiedad y el segundo por no contar con un abogado. Esta vez, acompañada por su nuevo abogado, Alfredo Arrién, Ochoa confirmó “punto por punto” la declaración que hizo previamente ante la policía en enero, cuando presentó su denuncia contra Nacho Cano por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

Según fuentes presentes, Lesly aseguró que existía una estrategia para traer a jóvenes mexicanos como turistas, cuando en realidad venían a trabajar en el espectáculo Malinche. Su declaración duró más de dos horas. Sin embargo, al salir del juzgado, evitó responder preguntas y optó por cantar frente a las cámaras.

Un proceso judicial complejo

El caso ha sido complicado por las denuncias cruzadas de la defensa de Cano, que busca desacreditar a Ochoa. Los abogados del músico han presentado conversaciones de WhatsApp y testimonios que intentan mostrar a la interna como una persona poco confiable. Incluso, Roxana Drexel, directora de operaciones del espectáculo, describió a Ochoa como una “loca de remate” y una “mala persona”, según informó Europa Press.

Por su parte, la defensa de Cano ha argumentado que todo esto es un caso de persecución política debido a su relación cercana con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Testimonios clave

Tras la declaración de Ochoa, también testificó la inspectora de trabajo encargada del informe que analizó la situación legal de los 18 internos mexicanos. Según su declaración, no consideró necesario asistir al espectáculo para verificar el rol de los internos, ya que estuvo presente durante una clase. Sin embargo, reconoció que es difícil distinguir entre un ensayo y una clase en este contexto.

En su informe, la inspectora concluyó que los internos realizaban prácticas no laborales bajo una beca de formación no reglada. Este hecho fue clave para que la Delegación del Gobierno en Madrid les negara los permisos de estudio solicitados. Según el informe policial, esto confirmaría que los internos trabajaban de forma ilegal en el espectáculo tras ser traídos como turistas.

Decisiones judiciales

El juez encargado del caso ahora deberá resolver estas contradicciones basándose en las declaraciones de todos los implicados, el informe policial y el de la inspección laboral.

Por otro lado, la defensa de Cano intentó presentar conversaciones privadas de WhatsApp como prueba, pero el juez las desestimó por considerarlas “irrelevantes” y “fuera de lugar” para determinar los delitos investigados.

Acusaciones y respuesta de Cano

La decisión judicial ha sido vista como un freno a la campaña de desprestigio contra Ochoa. Por su parte, el comisario de la comisaría Centro, Alberto Carba, ha amenazado con denunciar a Cano por injurias y calumnias si no se retracta de sus declaraciones.

En respuesta, Cano declaró ante los medios: “Me encantaría que el comisario y yo nos sentáramos con sus jefes para aclarar esta situación. Lo que me cuentan por la calle deja claro que no hay nada detrás de estas acusaciones”.

Mientras tanto, los estudiantes mexicanos regresaron a su país en agosto, recibidos con aplausos y pancartas en el aeropuerto, aunque sin haber prestado declaración ante el juez.

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