En una batalla legal que recuerda a David contra Goliat, la pequeña empresa catalana Ona Patents ha decidido emprender acciones legales contra tres empresas del grupo Apple y dos filiales de Google por presunta infracción de derechos de patente. La demanda se presentó oficialmente en marzo ante el Tribunal Unificado de Patentes de Düsseldorf.
Ona Patents, con sede en Barcelona y bajo el liderazgo de Raúl Díaz Morales, se encuadra en la categoría jurídica conocida como NPE, o entidad no practicante. Básicamente, es una empresa que no utiliza la invención patentada en sí, sino que tiene derechos exclusivos sobre ella. Esta entidad instrumental no originó ni comercializó la invención, pero posee la propiedad y puede solicitar una compensación por medios legales.
La patente en cuestión se refiere a una tecnología que permite rastrear o localizar objetos en movimiento mediante señales de transmisión, esencialmente una técnica de localización basada en redes inalámbricas. Desarrollado originalmente por la empresa finlandesa Ekahau Oy, finalmente pasó a manos de Ona Patents a través de una serie de cesiones. La tecnología goza de protección en Alemania, Francia y el Reino Unido, y la demanda se presentó en Alemania debido a la exclusión de Gran Bretaña del sistema unificado.
Enric Carbonell, socio y abogado de patentes europeas de ABG Intellectual Property, aclara que en escenarios como este, los demandados tienen tres posibles vías de actuación. En primer lugar, Apple y Google podrían alegar que la patente concedida no es válida y presentar un recurso de apelación. En segundo lugar, podrían afirmar la validez de la patente pero negar cualquier infracción. Por último, las partes podrían optar por negociar un acuerdo para eludir un juicio, que teóricamente podría extenderse hasta un año.
El Sistema Unificado Europeo de Patentes se puso en marcha el 1 de junio de 2023, lo que ha dado lugar a más de 140 disputas legales desde su inicio. Los estados miembros del acuerdo poseen la autoridad para albergar una rama judicial dentro de su jurisdicción. España, sin embargo, se ha abstenido de firmar el acuerdo, alegando motivos como la imposibilidad de utilizar el español como lengua de trabajo.
Mientras que Ona Patents es la primera empresa española que hace valer sus derechos en este marco, Arkyne, con sede en Viladecans, se erige como la primera entidad que se enfrenta a un litigio. La demanda, presentada por la empresa holandesa Plant-e, se encuentra actualmente bajo revisión en el Tribunal de La Haya. Tras un recurso de apelación, se adoptó el inglés como lengua de procedimiento.