La aparición de un nuevo panorama político en Cataluña, que señala un alejamiento de su tumultuoso pasado, es cada vez más evidente. Prevalece una narrativa de regeneracionismo, de la que se hacen eco los líderes de los partidos destacados en este ciclo electoral, Carles Puigdemont y Salvador Illa, aunque con enfoques divergentes.
Entre los desafíos pendientes de Cataluña se encuentra la repatriación de empresas que se trasladaron en 2017 en medio de incertidumbres en torno a la declaración unilateral de independencia.
Las estimaciones varían en cuanto al número de empresas que migraron a través del río Ebro, oscilando entre más de 5.000 y unas 4.000. Inicialmente, los bancos, seguidos por numerosas empresas cotizadas y, finalmente, miles de empresas, trasladaron sus sedes, aunque no sus operaciones, fuera de Cataluña. Sin embargo, la tasa de retorno ha sido mínima.
Salvador Illa, en representación del PSC, expuso su estrategia durante un reciente debate en TV3 para incentivar el regreso de las empresas. En contraposición a las sanciones propuestas por Junts a las empresas que deslocalicen su domicilio social desde su centro de decisión, Illa aboga por medidas alternativas para facilitar la repatriación.
El PSC se opone a la idea de imponer sanciones a las empresas deslocalizadas, propuesta de Junts.
El partido de Carles Puigdemont presentó recientemente una enmienda en el Congreso destinada a abordar la cuestión de la doble ubicación, sugiriendo que debería penalizarse. Esta propuesta surge de lo ocurrido en 2017, cuando el ministro Luis de Guindos, respondiendo a presiones de los empresarios catalanes, facilitó procesos de deslocalización agilizados sin necesidad de asambleas de accionistas.
Junts propone ahora empoderar a los accionistas para facilitar el retorno de las empresas, creyendo que algunos actores catalanes que antes apoyaban la reubicación ahora pueden abogar por la repatriación. La amenaza de multas sirve como incentivo adicional, complementado con la propuesta de Junts de incentivos fiscales para los retornados.
Salvador Illa tiene una visión contrastante: rechaza las sanciones como medida coercitiva y enfatiza que la estabilidad institucional y política es primordial para fomentar los retornos de las empresas. Aboga por la modernización de la infraestructura, la racionalización de la administración pública y la atracción de inversiones y talento, sin respaldar las reducciones de impuestos como medio para incentivar la repatriación.